Las privatizaciones han dejado un legado perturbador. Las empresas transnacionales controlan numerosos servicios básicos, lo cual a menudo exige una compleja reglamentación para proteger la provisión de los mismos. Muchas veces la fuerza laboral se ve reducida y existen numerosos trabajadores mal remunerados en los sectores privatizados, especialmente las mujeres, que ganan menos y pierden en seguridad laboral. La venta de viviendas públicas ha aumentado el número de personas en situación de calle y las dificultades para acceder a la vivienda entre las personas de bajos ingresos y otros grupos vulnerables.