Los indicadores de desarrollo social presentan avances, aunque insuficientes, y el bajo crecimiento económico no beneficia a los hogares más pobres. La participación ciudadana, esencial para promover reformas incluyentes en materia de seguridad social, se ha visto amenazada por una Ley Especial contra Actos de Terrorismo que afecta el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y organización.