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Bajo presión
IPS Informe especial para Control Ciudadano
En Francia, el amargo círculo de la deuda, las privaciones y la pobreza invariablemente empieza con la pérdida del empleo.
En 1996, el número de franceses que vivía en la pobreza fue la más alta de los tiempos modernos. Voluntarios del grupo de ayuda de la iglesia Secours Catholiques trataron ese año 751.000 casos de pobreza, involucrando a dos millones de personas: la mitad, niños.
"No hemos visto cifras como estas en 16 años", dijo Jacques Bourgeois, a cargo de proyectos de desempleo-empleo del grupo.
La economía de Francia está bajo presión mientras
lucha por alcanzar los criterios de integración para la planificada moneda única
europea, y este año se esfuerza por reducir su déficit nacional a 3,1% del
producto interno bruto (PIB).
Al igual que gran parte de la Unión Europea,
donde más de 18 millones de personas están oficialmente desempleadas, Francia,
que tiene alrededor de 3,5 millones sin trabajar, alivió la carga con pagos de
la seguridad social y protección laboral. Pero impulsores franceses de la
liberalización del mercado al estilo de Estados Unidos alegan que las
reducciones de los beneficios sociales y los derechos de protección del empleo
llevan a menor desempleo, porque disminuyen el costo de contratar a nuevos
trabajadores.
El Centro de Investigación en Política Económica
estima que sólo 55% del costo de un trabajador francés se destina a su salario.
El otro 45% se destina a gastos no salariales como impuestos sobre la nómina y
contribuciones a la seguridad social.
En Estados Unidos, donde la cifra de creación de
nuevos empleos supera ampliamente a la de Europa, el costo no salarial es sólo
28% del costo laboral total.
Por lo tanto, estos propulsores de la
liberalización impulsan medidas para permitir más contratos de trabajo de corto
plazo y de medio horario y, a la vez, facilitar que las firmas paguen lo que
quieran y contraten y despidan a voluntad.
"En olas sucesivas, toda la estructura del
empleo está en proceso de cambio hacia una mayor inseguridad en todas las
categorías", concluyó un polémico informe sobre el problema encargado el año
pasado, archivado por el ex gobierno de derecha y sepultado en silencio por sus
sucesores socialistas.
El informe del Commissariat du Plan, (consejo
planificador de alto nivel que informa directamente al primer ministro), sostuvo
que los efectos del desempleo fueron sufridos aún más por aquellos aún en el
mercado de trabajo, pero con bajos salarios o empleos inseguros.
A estos agregó los 3,5 millones oficialmente
clasificados como desempleados y los cuatro millones en "puestos precarios",
incluyendo a los trabajadores de corto plazo y los jubilados prematuramente.
La falta de empleo es la consecuencia visible de
la política económica del gobierno, dijo Bourgeois. "Los efectos menos
visibles son un aumento en la desocupación de largo plazo y una creciente
vulnerabilidad. Cuatro millones de personas están en situaciones precarias, y
los empleos ya no los protegen de la pobreza".
Incluso medidas diseñadas para aliviar el
desempleo, como la reforma de las leyes para permitir la contratación de corto
plazo, sólo aumentaron la inseguridad.
Los trabajadores contratados "entre empleos"
pueden verse inmersos en deudas insostenibles. Estos ciclos de agudización del
endeudamiento y la pobreza se aceleran fácilmente.
"Pronto se hace imposible hacerse cargo de los
gastos de la vida cotidiana, sobre todo en áreas urbanas, donde el presupuesto
de vivienda y energía se lleva la mayor proporción", señaló Bourgeois.
"Cuanto más se prolonga la desocupación, más
precaria se vuelve la situación para el desempleo y más difícil se hace salir".
Alrededor de 38% de quienes buscan empleo están bajo la seguridad social, y 28%
de las familias que recibieron ayuda de Secours Catholiques en 1996 están
"fuertemente endeudadas", sostiene.
El informe del Commisariat du Plan también
descubrió "una fuerte correlación" entre la amenaza de la desocupación y el
suicidio. Desde comienzos de esta década, los suicidios en personas de entre 35
y 44 años superaron a los registrados en grupos de mayor edad.
Este "fenómeno radicalmente nuevo señala la
creciente vulnerabilidad de la población en edad laboral", puntualizó el
informe.
Didier Robert, de la organización no
gubernamental ATD-Quart Monde, dijo que el fenómeno se ha reconocido durante
años, pero el problema es que nada se hizo al respecto.
Robert cita otra encuesta del Consejo Económico y
Social de Francia, según la cual la mayoría de la gente que recibe asistencia
firmó un formulario y luego fue olvidada.
"Apenas es alcanzada por las varias ramas del
gobierno, y casi nunca de forma coherente y continuada". El estudio concluyó
que la gente "pasa de una situación precaria a otra".
"No se habían percatado de la forma en que el
gobierno asigna estos derechos básicos como le parece, o los niega a los
necesitados", dijo Robert explicando la sorpresa que produjo en muchos el
estudio
"Esta es la razón por la cual nuestro
movimiento, durante años, ha luchado para que la Asamblea Nacional (parlamento)
adopte una ley marco que pueda dar coherencia a las políticas públicas que
enfrentan la pobreza y la exclusión social".
Alrededor de 55% de los franceses entre 25 y 39
años estuvieron empleados al menos una vez en los últimos 10 años. Más y más
franceses adultos, en contraste con generaciones previas, experimentarán un
período de desempleo durante sus vidas laborales.
Más de la mitad de los desocupados son
desempleados de largo plazo, no elegibles para recibir beneficios sociales.
A pesar de los recortes presupuestales, se
hicieron pequeños gastos extra para ayudar a los desempleados jóvenes y los
grupos de bajos ingresos, pero esto es apenas 12.000 millones de francos
franceses (unos 1,3 millones de dólares), frente a mayores recortes del gasto
público de 30.000 millones de francos (alrededor de tres millones de dólares) y
un déficit nacional estimado en 280.000 millones (casi 30 millones de dólares)
en 1997.
"Parece que somos testigos de la mutación de
un problema ante el cual todas las respuestas convencionales fracasan", dijo
Bourgeois. "Los sistemas neoliberales orientados por el mercado no cambian la
sociedad (para mejor o peor); meramente concentran el poder de tomar decisiones
económicas en las manos de unos pocos privilegiados".
"Mientras los principios de solidaridad,
respeto por las personas, respeto por el equilibrio social y acceso igualitario
a la riqueza no guíen las políticas gubernamentales, sean cuales fueren, la
pobreza continuará afectando a más y más clases de la sociedad", agregó.
Robert mantuvo una visión similar. "Es cierto
que cuando las políticas económicas sitúan a la gente en segundo lugar, son los
pobres quienes pagan el precio. No estamos diciendo que no debería haber
libertad económica, pero es inaceptable colocar el dinero como único punto de
referencia".
"O haces lo que puedes para aliviar la
pobreza, o eres del tipo que sólo quiere dinero y ganancias. Pero, un día,
cuando haya demasiados pobres que sustentar, la economía entera dejar de
funcionar. Esto debe tenerse en cuenta", aseguró.
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En Francia hay cinco millones de personas en situación de pobreza, es
decir, que viven por debajo de los mínimos socialmente aceptados. Entre
ellos hay un millón de hogares que reciben el "ingreso mínimo de
inserción"; doce millones de personas están en situación de precariedad,
sea por su nivel de ingreso, por su acceso al trabajo, a la vivienda, a la
salud. No se trata pues de dificultades marginales o de algunos efectos
residuales de políticas coyunturales: la pobreza es un fenómeno masivo y
duradero. Para fortalecer
la cohesión social
Una primera preocupación, entonces, es
generar un auténtico programa global de lucha contra las exclusiones y no
una simple "ley para los pobres". Para ello se requiere una serie de
premisas no exhaustivas:
El compromiso nacional con respecto a un
programa de esa envergadura debe ser formalizado por la participación de
todos los actores involucrados, del conjunto de los ministerios de un
gobierno, de la sociedad civil y de la administración.
Una ley de orientación o una ley-marco
(que de lugar a textos específicos) debe ser capaz de programar
circulares de aplicación donde se prevean medidas concretas,
coordinación de disposiciones, presupuestos y compromisos en el tiempo.
La puesta en vigor o la extensión de
disposiciones que apunten al acceso de todas las personas a todos los
derechos son sin duda esenciales pero no deben ir en desmedro de las
medidas específicas. Estas últimas, en todo caso, deben mantener un
carácter excepcional y preparar un ejercicio del derecho común.
En lo que tiene que ver con la elaboración
de un programa de lucha contra todas las exclusiones, entendemos que
existen algunas premisas orientadoras.
En primer lugar, la participación de las
personas involucradas en la definición de las políticas públicas y el
reconocimiento de una dinámica donde los más pobres tengan la posibilidad
de tener la iniciativa son el punto de inflexión fundamental que
permitiría dejar la asistencia y disminuir las prácticas delictivas o la
violencia desesperada. A este respecto, cabe señalar que actualmente las
asociaciones de desempleados no gozan de ninguna representación oficial.
En segundo término, es perentoria la
creación o renovación de herramientas de observación de las situaciones de
pobreza. No existe en este momentos en Francia un observatorio
independiente y dotado de medios.
En tercer lugar, las disposiciones de
derecho común o específico deben ser acompañadas de órganos o de sistemas
de evaluación que permitan su reforma o su cuestionamiento.
Finalmente, deben tenerse en cuenta los
objetivos. Los fines de la economía deben ser sometidos a los fines de la
sociedad, es decir, al desarrollo humano. Debe estimularse y promoverse la
integración de las lógicas no mercantiles, productoras de riquezas, de
desarrollo humano individual y colectivo, sustentables en el uso de los
recursos naturales.
En otro orden de cosas, se deben
identificar claramente campos de acción prioritarios, entre los cuales
destacamos el empleo y la actividad económica, la vivienda, el
sobreendeudamiento, la política fiscal, la educación y la salud.
En el área empleo, se hace necesario
acompañar las medidas particulares, (a favor de los jóvenes y las mujeres,
por ejemplo), por medidas de fondo, formación, tiempo y trabajo,
protección social, y tomar en cuenta la economía solidaria.
Con respecto a la vivienda, las políticas
de renovación, de construcción, de reparto territorial y de adjudicación
deben estar a la altura de las necesidades - 400.000 sin techo y millones
de personas habitando en viviendas precarias-. Prevenir los desalojos
sigue estando en el orden del día.
Por otra parte, existe un número creciente
de situaciones difíciles, relacionadas fundamentalmente a los gastos para
los necesidades normales. Ni las condiciones de acceso al crédito ni los
procedimientos de desendeudamiento actuales alcanzan para controlar este
fenómeno. .
En lo que tiene que ver con las políticas
fiscales, Francia no realiza progresos, ya que a pesar de las promesas aún
no se esboza una reforma fiscal de envergadura, que permita reducir las
desigualdades.
Hay varios temas que no pueden quedar
ausentes o descartados de un programa de acción global: la educación, en
particular el analfabetismo, la salud, la acción social y la justicia, son
algunas de ellas.
Párrafo aparte merece el tema de la
inmigración. A partir de 1945, la sucesión de leyes y reglamentos ha
generado un laberinto administrativo que no respeta los compromisos
internacionales en materia de acogida o recepción de personas y que da
lugar a interpretaciones que son fuente de desigualdad en el trato, y de
discriminaciones (doble pena), dejando a un gran número de personas en
situación de no-derecho (no regularizables y no expulsables por ejemplo) y
abandonados a la clandestinidad.
Hoy, el tema de la inmigración no da
lugar a un debate nacional y los textos recientes o en preparación no
permiten presagiar más que tibias mejoras: de las 140.000 a 150.000
solicitudes de regularización presentadas en el marco de la circular de
regularización del 24 de junio de 1997, se estima que 60.000 expedientes
tendrán un resultado positivo. ¿Qué ocurrirá con las personas no
regularizadas? ¿Serán expulsadas?
El proyecto de ley sobre inmigración
presenta disposiciones similares a las de la circular de regularización de
características discriminatorias. En este texto prevalece una visión
policíaca y la desconfianza frente al extranjero junto a la imposibilidad
del Estado de controlar las entradas o salidas del territorio. Proceder a
expulsiones masivas hace temer nuevas situaciones de desamparo y amenaza,
y una persistencia de la clandestinidad, con la consiguiente explotación
de los trabajadores y la separación de las familias.
Emaús Internacional.
Movimiento solidario no confesional de 400
grupos de base en 38 países del Norte y del Sur. |
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