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Derechos económicos y sociales denegados
Burma Lawyers’ Council
La coexistencia pacífica y la garantía de la seguridad social para todos sólo se pueden asegurar si se respeta el derecho de autodeterminación del pueblo mediante un sistema de gobierno responsable, transparente y descentralizado. Sobre todo, la grave falta de acceso de las personas a la seguridad social deberá ser resuelto por tres sectores de la sociedad: el Estado, la sociedad civil y los individuos.
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Como país que dio prioridad
al gasto militar por encima de la seguridad social de su pueblo en las últimas
cuatro décadas, Birmania
ha sucumbido frente a una aguda crisis socioeconómica. El gobernante Consejo de
Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC), que tomó el poder en 1988, continúa
gastando más de 40% del presupuesto nacional en los militares, mientras las
cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que menos de 1% del PBI
se destina a salud y educación (KWAT, 2005). Al pueblo se le niegan sistemáticamente sus derechos económicos y
sociales básicos, ya sean acceso al trabajo, la atención médica, la educación
u otras necesidades fundamentales.
El hambre está generalizada y es grave en toda Birmania, tanto en las zonas
afectadas por la guerra civil en curso como en otras partes, y se extiende geográfica
y demográficamente. Se ha concluido que las causas de este fenómeno creciente
son:
• La destrucción de los cultivos esenciales que abastecen el suministro local
de alimentos
• El servicio obligatorio de trabajo sin remuneración en proyectos estatales
que deja poco tiempo a la gente para labrar sus campos
• La reubicación por la fuerza de personas a zonas poco propicias para el
cultivo de arroz, o a territorios donde es difícil hallar alimentos suficientes
• Un sistema de cuotas por el cual los aldeanos deben proporcionar al gobierno
un volumen fijo de arroz muy por debajo del precio del mercado, sin importar si
la cosecha fue aceptable o no, lo cual endeuda a la gente y la deja sin arroz
para consumo propio (The People’s Tribunal, 1999).
Desnutrición, niños soldados y robos de cabello de mujeres
La escasez de alimentos ha tenido consecuencias especialmente alarmantes para la
salud y el bienestar de los niños y niñas en Birmania. Un informe de Naciones
Unidas destacó que “el nivel y la profundidad de la adversidad que padecen
las familias de Myanmar se refleja claramente en las elevadas tasas de
desnutrición de los niños en edad preescolar. Incluso las estadísticas
oficiales señalan que demasiados niños y niñas de Myanmar padecen de
desnutrición aguda y talla baja.” El informe describe la situación como una
“emergencia silenciosa” (Lallah, 2000a). Según el informe de UNICEF El
Progreso de las Naciones 2000, 45% de los niños menores de cinco años
tienen un crecimiento deficiente, y según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), 39% presenta bajo peso. La falta de alimentos, enfermedades reiteradas,
la falta o la ausencia de atención médica y la muerte o la reubicación
forzosa de sus padres parecen ser las principales causas del fenómeno del
crecimiento deficiente en niños y niñas (Lallah, 2000b).
La falta de protección social aceptable de parte del Estado obliga a las
personas a buscar sus propios medios de supervivencia. Las medidas, con
frecuencia desesperadas, generan un riesgo aún mayor de vulnerabilidad a la
explotación y el maltrato.
Las familias que no pueden costear las necesidades de sus hijos a menudo los envían
a trabajar como niños soldados.
Se señala que Birmania posee el mayor número de niños soldados del mundo
(CSUCS, 2001), con aproximadamente 50.000 según fuentes extraoficiales (Lallah, 2000b).
Otro indicador de la falta de seguridad social es el número creciente de casos
denunciados de robos de cabello de mujeres desde 2003. En Rangún se multiplicó
drásticamente el número de centros de compra de cabello, donde 1,6 kilos de
cabello se venden a MMK 500.000 (USD 400).
El aumento de incidentes de cortes de cabello a mujeres en lugares atestados de
gente para venderlo en estos centros, así como las mujeres que venden en
secreto su cabello para comprar alimentos a pesar de la dignidad asociada con el
cabello largo en Birmania, refleja la creciente necesidad de la población de
compensar su falta de ingresos.
Una tendencia más alarmante es la continua incidencia de la trata de mujeres
como consecuencia de la pobreza y la falta de oportunidades laborales. La mayoría
de las mujeres y niñas víctimas de esta trata son obligadas a realizar
trabajos sexuales o son vendidas como esposas en China, donde a menudo son
objeto de explotación y maltrato debido a su falta de estatuto jurídico (KWAT, 2005).
Factores que agravan la inseguridad social
Un ‘estado de bienestar militar’
La política principal del SPDC pretende fortalecer el poder militar mediante un
rígido control centralizado. Birmania posee la mayor asignación presupuestaria
para el gasto militar del sudeste asiático, con más de 40% del presupuesto
nacional, lo que excluye cuentas ocultas y subsidios otorgados a las fuerzas
armadas (Selth, 2002). El tamaño del ejército se duplicó con creces desde
1987, de 186.000 efectivos a 428.000 en 2004 (Encarta, 2007). Se calcula que las importaciones de armas comprenden más de 20% del
total de las importaciones (WLB, 2006).
Otra política del SPDC es la creación de una sociedad dominada por los
militares, o un ‘estado de bienestar militar’, por oposición a un estado de
bienestar social que asegure la distribución de la riqueza y la seguridad entre
la mayoría, sin exclusiones. Esta política provocó el subdesarrollo de la
infraestructura física destinada a la población, como los sistemas de
electricidad, transporte y comunicaciones. Sólo la elite recibe servicios básicos
de atención médica o alcanza un nivel moderado de educación (HRDU, 2005b).
La decisión que tomó la junta militar gobernante de trasladar la capital de
Rangún a Naypyidaw en noviembre de 2005 es polémica. A un costo enorme se
construyeron un amplio complejo militar, canchas de golf y elevados edificios
gubernamentales, pero hay pocos indicios de las escuelas y hospitales que
prometiera el gobierno (Sipress, 2005). El suministro de electricidad en la
zona, que ya era errático antes del traslado, se volvió aún menos confiable (McGeown, 2006). Asimismo, aldeanos y agricultores fueron desplazados
por la fuerza de sus tierras y sus propiedades fueron destruidas para permitir
la construcción de nuevas oficinas administrativas, viviendas residenciales y
cuarteles militares (Democratic Voice of Burma, 2005).
En estos tiempos de adversidad, el pueblo carece de seguro de desempleo o de
apoyo financiero público. Si bien existe un sistema de jubilaciones, los
jubilados civiles viven con la necesidad extrema de recibir subsidios ya que las
jubilaciones que reciben apenas cubren el costo de alimentos de unos pocos días.
Obstáculos a la participación de la sociedad civil y el sector privado
El gobierno no logró transferir aceptablemente al sector privado sus
responsabilidades en materia de seguridad social y ha resistido la emergencia de
la sociedad civil en Birmania, a lo que se suma su complicada política de
privatizaciones. El SPDC no coopera efectivamente con las organizaciones
internacionales en la provisión de la ayuda a la ciudadanía, mientras limita
severamente las actividades de las organizaciones ciudadanas locales.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) denuncia
que los recursos disponibles para combatir el VIH/sida son escasos en comparación
con la magnitud del problema, que se agrava por la reticencia del SPDC a
permitir la labor de organizaciones no gubernamentales internacionales en
colaboración con las organizaciones comunitarias. ONUSIDA advierte que existe
una epidemia en crecimiento en Birmania y señaló que el régimen en el poder
en gran medida la ignora (Lallah, 2000a).
La absoluta negligencia del SPDC en torno a la salud de sus propios ciudadanos
llevó a que Birmania figure en el penúltimo lugar de 191 estados calificados
por su desempeño sanitario (OMS, 2000). Sus políticas sanitarias “siguen
pareciendo indecisas e insuficientes” con “gran desigualdad en el acceso a
la atención sanitaria aceptable, tanto preventiva como curativa” (Lallah, 2000b). Dado que se les niega el derecho básico a la salud,
algunas personas cruzan la frontera hacia Tailandia para recibir asistencia médica
gratuita en la clínica Mae Tao.
Se calcula que más de 100 pacientes de Birmania llegan a la clínica cada día.
La mala calidad de los servicios públicos de atención médica no se puede
negar y debe encararse con urgencia en todo el país.
Sin haber declarado una política de privatización, el SPDC promulgó la Ley
Relativa a los Servicios Privados de Atención Médica el 5 de abril de 2007,
supuestamente dirigida a que los servicios privados participen sistemáticamente
como ‘parte integral’ del sistema nacional de atención médica. Sin
embargo, en esencia esta ley carece de bases positivas para que prosperen las
actividades de los servicios privados de atención médica. Por ejemplo, ninguna
disposición les autoriza a comunicarse con la comunidad sanitaria internacional
de manera independiente, ni a recibir ayuda financiera, material o académica.
La ley impone prohibiciones a los servicios privados de atención médica, y las
sanciones por infringir la ley van desde un mínimo de seis meses hasta un máximo
de cinco años de cárcel.
De manera similar, la Ley Relativa a la Formación de Organizaciones, promulgada
por el SPDC en 1988, obstruye la formación y el funcionamiento independiente de
todas las organizaciones, incluso de aquellas que procuran fomentar el bienestar
social de la población. La ley prohíbe a las “organizaciones que intenten,
instiguen, inciten, induzcan o cometan actos que puedan afectar o perturbar la
regularidad del andamiaje del Estado”, y toda persona hallada culpable de tal
delito podrá ser castigada con una condena de cárcel de hasta cinco años. Las
sanciones previstas por la ley generaron situaciones en que organizaciones
gestionadas por civiles birmanos son controladas severamente por un lado,
mientras organizaciones títeres del SPDC, como la Union Solidarity Development
Association, Myanmar Maternal and Child Welfare Association y la Cruz Roja de
Myanmar (gestionadas por los líderes militares, sus esposas y familiares,
antiguo personal del ejército y sus colegas) gozan de oportunidades de
comunicación con la comunidad internacional y reciben asistencia de desarrollo
y de bienestar social bajo la fachada de ser miembros de la sociedad civil.
Privación de medios de subsistencia y
falta de seguridad en los ingresos
En los hechos, a las y los agricultores se les priva del derecho a la propiedad
de la tierra. La Ley de Nacionalización de la Tierra y Tierras Agrícolas de
1953 estipula que la transferencia, la partición o el arrendamiento de la
tierra sólo se podrán realizar con el permiso de las autoridades. La Ley de
Tenencia de 1963 usurpó el derecho de los terratenientes a arrendar sus tierras
(HRDU, 2006).
Al régimen militar se le otorga aun más autoridad para confiscar tierras
mediante la Notificación No. 4/78, promulgada en 1978 (HRDU, 2005a), que estipula que la omisión de sembrar la tierra asignada
con los cultivos destinados para obtener resultados óptimos, o la omisión de
vender la totalidad de la cuota del cultivo al Estado al precio estipulado,
resultará en la confiscación de la tierra. En la actualidad, los
administradores de aldeas y municipios tienen la facultad de confiscar la tierra
y los agricultores son obligados a acatar sus dictámenes sin posibilidad de
recursos de protesta.
Con la confiscación de tierras y los desplazamientos forzosos el SPDC extiende
aun más el control militar en el país. Esto incluye el establecimiento de
campamentos militares, empresas estatales, proyectos de desarrollo y concesiones
a empresas extranjeras, para beneficiar a las organizaciones lacayas del SPDC y
también para acceder a los recursos naturales.
Un ejemplo es la venta constante de madera birmana a empresas extranjeras. El
World Resources Institute señala que el ritmo de deforestación se duplicó con
creces desde que el actual régimen militar llegó al poder en 1988 (WRI, 1998). La devastación forestal continúa en los estados de
Kachin, Karen y Karenni, en beneficio exclusivo de funcionarios del SPDC y de
empresas chinas (PKDS y KESAN, 2004).
Entre los proyectos de desarrollo que provocaron desplazamientos forzosos están
la construcción de proyectos de infraestructura, minas, sistemas de riego e
instalaciones de extracción de gas y petróleo, así como campos agrícolas
comerciales y bases militares (TBBC, 2005). Según Earth Rights International (2005), “docenas de represas de gran
escala (15 metros de altura) ya fueron construidas o están en construcción en
toda Birmania, especialmente en la región central del país”, con el
consiguiente desplazamiento de los habitantes en las zonas afectadas.
Además, el SPDC reubica a los aldeanos no con el propósito de utilizar la
tierra confiscada, sino de socavar la base de apoyo de los grupos opositores
armados al cortar sus conexiones con posibles reclutas, información,
provisiones y finanzas. Conocida como la política de los ‘cuatro cortes’,
esta estrategia de base militar ha sido aplicada mediante la reubicación
obligatoria de los aldeanos desde zonas en disputa hacia áreas controladas por
el SPDC, lo cual aísla a los aldeanos de las fuerzas de resistencia y los
sujeta aun más firmemente al control militar
(Global IDP Project, 2005).
Recomendaciones
Birmania es una sociedad multiétnica con diversas culturas, religiones y
tradiciones. La coexistencia pacífica y la garantía de la seguridad social
para todos sólo se pueden asegurar si se respeta el derecho de autodeterminación
de las personas mediante un sistema de gobierno responsable, transparente y
descentralizado. El país debe adoptar una estructura de gobierno por la cual
los derechos y las necesidades del pueblo puedan expresarse y protegerse
mediante aportes institucionalizados a los procesos de toma de decisión en
todos los planos del sistema administrativo. En esencia, hay que respetar el
concepto de ‘autogobierno y gobierno compartido’.
El Estado debe asumir la principal responsabilidad por la seguridad social de la
población en función de los recursos naturales disponibles, el ingreso
nacional bruto y los presupuestos nacionales, a la vez que por una parte fomenta
los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo y, por la otra, el
bienestar económico de las personas a través de un enfoque ‘centrado en la
gente’, por oposición a programas de desarrollo ‘centrados en el Estado’.
El Estado también está obligado a respetar y promover los auténticos
principios del imperio de la ley con la existencia de una justicia independiente
que lleve ante los tribunales las prácticas corruptas y los abusos de poder de
los funcionarios administrativos, para poder establecer una sociedad
transparente.
La aparición de organizaciones e instituciones de la sociedad civil ayudará a
asegurar el derecho a la seguridad social para todos. Como tales, todas las
leyes represoras y demás restricciones impuestas a la formación y al
funcionamiento independiente de organizaciones de la sociedad civil deberán
anularse, y sus comunicaciones con el mundo exterior y entre las propias
organizaciones en búsqueda de ayuda y cooperación sobre asuntos de seguridad
social deberán institucionalizarse y legalizarse.
La seguridad social también puede protegerse cuando la gente vive dignamente
con medios de subsistencia seguros. El Estado debe garantizar el acceso de la
población a los recursos, además de cancelar las barreras jurídicas y
administrativas que impiden la igualdad de derechos en el empleo, la igualdad de
remuneración por el mismo trabajo, así como la formación y operación
independientes de los sindicatos, comenzando por el derecho a no ser obligado a
trabajar.
En definitiva, el derecho a la seguridad social será una realidad cuando la dinámica
interna, la interconexión y la interacción entre el Estado, las organizaciones
de la sociedad civil y las personas capaces reflejen mejor las acuciantes
necesidades del pueblo birmano.
Referencias
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<encarta.msn.com/fact_631504823/Myanmar_Facts_and_Figures.html>.
Global IDP Project (2005). “Burma:
Displacement Continues Unabated in one of the World’s Worst IDP Situations”.
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HRDU (Human Rights
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<www.ncgub.net/data/2005HRYearbook/Deprivation_of_Livelihood.htm>.
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<www.ncgub.net/data/2005HRYearbook/Rights_to_Education_and_Health.htm>.
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del Relator Especial. Documento No. E/CN.4/2000/38. 24 de enero.
Lallah, R. (2000b). “Situation of human rights in Myanmar”. Ginebra:
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22 de agosto.
McGeown, K. (2006). “Burma’s Confusion over Capital”. BBC News. 17 de
junio.
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Disponible en: <www.who.int/whr/2000/en/index.html>.
PKDS y KESAN (Pan Kachin Development Society y Karen Environmental and Social
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Forests: Listening to People’s Voices. Amsterdam: Kaboem.
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (2000). Human
Development Report 2000.
Selth, A. (2002). Burma’s Armed Forces:
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Sipress, A. (2005). “As Scrutiny Grows, Burma Moves its Capital”. Washington
Post. 28 de diciembre.
TBBC (Thailand Burma Border Consortium) (2005). Internal Displacement and Protection in Eastern
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The People’s Tribunal on Food Scarcity and Militarization in Burma (1999). Voice of the Hungry Nation [internet]. 15 de octubre. Disponible en:
<www.foodjustice.net/burma/1996-2000tribunal/report/index.htm>.
WLB (Women’s League of Burma) (2006). “Women
demand an immediate end to war crimes in Burma” [en línea].
Documento redactado para el
Sexto Aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad (2000). 23-27 de octubre. Disponible en:
<www.womenofburma.org/Statement&Release/1325lobby2006.pdf>.
WRI (World Resources Institute) (1998). Logging
Burma’s Frontier Forests: Resources and the Regime. Disponible en:
<pubs.wri.org/pubs_description.cfm?PubID=2928>.
Notas:
Aunque la junta
militar en el poder cambió oficialmente el nombre del país de Birmania a
Myanmar en 1989, los grupos opositores birmanos continúan utilizando el nombre
Birmania porque no reconocen la legitimidad del gobierno militar.
A Paulo Sérgio Pinheiro, Relator
Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de derechos
humanos en Birmania desde 2001, no se le permite visitar el país desde
noviembre de 2003. Por consiguiente, las discusiones políticas con el gobierno
de Birmania sólo se sucedieron fuera del país y en contadas ocasiones.
Voice of America, 25
de abril de 2007 [en birmano].
The Kantarawaddy
Times, 16 de mayo de 2007 [en birmano].
Nightingale, 9 de
enero de 2007 [en birmano].
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