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Retrocesos en democracia y desarrollo
Armando Pérez, Claudia Hernández, Jeannette Alvarado, Mario Paniagua, Rudy Romero
Social Watch El Salvador
Los indicadores de desarrollo social presentan avances, aunque insuficientes, y el bajo crecimiento económico no beneficia a los hogares más pobres. La participación ciudadana, esencial para promover reformas incluyentes en materia de seguridad social, se ha visto amenazada por una Ley Especial contra Actos de Terrorismo que afecta el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y organización.
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La dinámica
de la sociedad salvadoreña para generar seguridad y bienestar está en
retroceso en lo económico, social y político, al grado que sectores académicos
afirman que el país se encamina hacia un ‘despeñadero’.
Año tras año los problemas no resueltos en materia de salud, educación,
seguridad ciudadana, acceso al agua potable y otros profundizan las
desigualdades económicas, sociales y culturales entre un pequeño grupo que
detenta el poder económico y político y las grandes mayorías, que no ven
soluciones a su necesidades.
A esto se suma el hecho de la aprobación de la Ley Especial contra Actos de
Terrorismo, la cual criminaliza la protesta ciudadana y la organización social.
Condiciones económicas de la población
en deterioro
La extrema pobreza y la exclusión social constituyen una violación de la
dignidad humana, negando a las personas su derecho al bienestar económico y
social y a refirmarse como seres humanos. La reducción de la pobreza pasa por
elevar el crecimiento económico, reduciendo las desigualdades económicas y
sociales. Es necesario implementar políticas de Estado que redistribuyan la
riqueza.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2007) ubica a
El Salvador en un grupo de seis países latinoamericanos y caribeños a los que
considera capaces de disminuir la pobreza y construir sociedades más
equitativas, siempre y cuando se distribuya el ingreso de un modo diferente, lo
cual es factible.
La tasa de crecimiento económico de El Salvador es una de las más bajas de América
Central y el beneficio de dicho crecimiento no llega a los hogares más pobres.
En la actualidad, de cada USD 100 producidos, USD 62 se quedan en el sector
empresarial, USD 32 van al salario de trabajadoras y trabajadores y USD 6 se
traducen en impuestos.
En 2004 y 2005 El Salvador presentó la menor tasa de crecimiento a nivel
regional (1,5% y 2,8%, respectivamente) y en 2006 registró el segundo menor
crecimiento en la región (4,2%). A
este bajo crecimiento se agregan una oferta de empleo precario, bajos salarios,
un aumento en las tarifas de servicios públicos que deterioran cada vez más la
calidad de vida y promueven la emigración (Concertación por la Paz, la
Dignidad y la Justicia Social, 2007).
La canasta básica (alimentación, vivienda, educación, salud, transporte,
etc., que consume una familia cada mes) se calcula en USD 699,2 para abril de
2007. Sin embargo, el salario mínimo vigente es USD 174,24 para el comercio y
servicios, USD 157,24 para trabajadoras de maquila y USD 81,46 para el sector
agrícola. Se necesitan por lo menos cuatro salarios mínimos – en el mejor de
los casos – para cubrir algunos bienes y servicios de la canasta básica.
Basta decir que el pago de servicios como agua potable, energía eléctrica y
telefonía representa un desembolso de USD 64,05 mensuales.
Una mejora en las condiciones económicas de la población pasa necesariamente
por una política de combate a la evasión fiscal, fundamentalmente de la gran
empresa, así como de la corrupción en el sector público.
Datos del Banco Central de Reserva muestran que en 2004 la evasión fiscal
ascendió a USD 2.569 millones y en 2005 a USD 1.302 millones. De estos, USD 702
millones constituyen evasión de renta por parte de empresarios y USD 600
millones de IVA que se cobra pero no se traslada al Ministerio de Hacienda.
A mitad de camino a 2015, la salud en mal estado
Entre los aspectos que reflejan el exiguo avance en materia de Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) en El Salvador encontramos la desnutrición crónica
y la desnutrición global. La primera pasó de 22,8% a 18,9% y la segunda de
11,8% a 10,3% en un período de 10 años (1993-2003) (PNUD, 2007). Con esta evolución el panorama es desalentador.
El mayor avance se ha logrado en la reducción de la mortalidad infantil,
principalmente en la década de 1990, después del conflicto armado en el país.
Según datos del PNUD, en 1991 la mortalidad de menores de 5 años era 52 por
1.000 nacidos vivos y en 2005 fue 31 por 1.000. De la misma manera, el dato
reportado de mortalidad en menores de un año fue 45 por 1.000 nacidos vivos en
1991 y 25 por 1.000 en 2005 (PNUD, 2007).
La mortalidad materna en El Salvador es una de las más altas de América
Latina. Situada en 158 por 100.000
nacidos vivos en 1991 pasó a
172 por 100.000 nacidos vivos en 2003 (PNUD, 2007). Frente a estos datos, en 2005 el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS) desarrolló un estudio que arrojó cifras menores de
72 por 100.000 nacidos vivos, pero esta investigación fue desarrollada con una
metodología que impide comparar las cifras con estudios anteriores. Incluso con
esta manipulación estadística, las cifras son altas y las causas de muerte son
las mismas: la pobreza y el limitado acceso a servicios de salud reproductiva.
La evolución del gasto público en salud refleja que éste no ha sido prioridad
para el gobierno en los últimos 10 años. La inversión en relación al PBI en
la última década pasó de 1,3% del mismo en 1997 a 1,7% en 2007 (Ministerio de
Hacienda, 2007). Esto es insuficiente para satisfacer las necesidades de salud
de la población cubierta por el MSPAS, que asciende a 80%.
El gasto total en salud pasó de 8,8% en 2001 a 11% del PBI en 2007 (Ministerio
de Hacienda, 2007), fundamentalmente financiado por gasto privado,
es decir por la población, que sacrifica su ya deteriorada economía familiar
para solventar gastos relacionados a la atención de la salud. Este porcentaje
de inversión corresponde a 7,3% del PBI.
Además, la reconstrucción
de hospitales con préstamos aprobados en 2003 ha sido abandonada. De USD 169,4
millones presupuestados, a 2005 sólo se habían ejecutado USD 15,23 millones
(9,5%), pese a que el período previsto para su ejecución era de cinco años.
Este atraso incluye el Hospital de Maternidad, principal centro de atención
para la mujer.
VIH/sida: cuarta causa de muerte
El sida constituye la cuarta causa de muerte en el país. Un promedio de cuatro
personas se infectan diariamente y miles ocultan su situación por miedo al
estigma y la discriminación.
La tasa de infección por VIH/sida está en ascenso desde 1984, situación que
puede obedecer tanto a factores como el
mantenimiento o el aumento de las prácticas de riesgo como a mejoras en la
detección a causa de una mayor
disponibilidad de la prueba gratuita de VIH/sida a nivel nacional (PNUD, 2007).
Datos recientes muestran que a fines de 2006 se contabilizaron más de 18.500
casos de infección. Según ONUSIDA, existe un alto subregistro, por lo que la
cifra de personas infectadas podría situarse entre 25.000 y 50.000.
En cuanto a la atención, la cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con terapia
antirretroviral asiste a más de
1.280 personas, lo cual comprende atención médica ante enfermedades
oportunistas y atención del embarazo para prevenir la posibilidad de infección
durante el parto. Sin embargo, hay un
insuficiente cumplimiento de los protocolos de atención vigentes, inexistencia
de medicamentos o entrega tardía y una constante falta de reactivos para la
prueba de conteo de células CD4,
exponiendo a muchas personas a la aparición o complicación de enfermedades
oportunistas y a la muerte.
En materia de salud, se encuentra en debate desde 1994 – y 2007 se vislumbra
con desenlace negativo – un proceso de reforma de salud concertada. A
iniciativa del Poder Ejecutivo se ha presentado a la Asamblea Legislativa un
anteproyecto de Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud que, contrariando
el compromiso gubernamental, no ha sido concertado. De acuerdo a la Alianza
Ciudadana contra la Privatización de los Servicios de Salud esto obedece a una
estrategia privatizadora del servicio, lo cual agudizaría la exclusión de la
población de los servicios de salud.
El derecho a la educación es ahora
En materia educativa los indicadores presentan avances respecto a 1990,
cuando el gasto solamente representaba 1% del PBI pues la prioridad presupuestal
era la defensa pública en función del conflicto armado.
Los avances más significativos son la reducción del analfabetismo y el aumento
de la cobertura en enseñanza preescolar y en los primeros dos ciclos de educación
básica. No obstante, persisten el estancamiento en el nivel de escolaridad, la
falta de cobertura en el tercer ciclo y la educación media, la baja calidad y
la inequidad geográfica y de género. En materia de alfabetización, los
programas actuales han logrado una reducción del analfabetismo principalmente
en la población de 15 a 24 años. En 1991, la población alfabetizada alcanzaba
85% y en 2005 95% (PNUD, 2007).
Al
revisar la tendencia de financiamiento para la educación se observa un aumento
en cifras absolutas, de USD 471,2 millones en 2002 a USD 527,5 millones en 2007.
No obstante, la tendencia general del PBI es decreciente, pasando de 3,3% del
PBI en 2002 a 2,8% en 2006 y 2,7% en 2007. El promedio de gasto en educación en
América Latina oscila en 4,5% del PBI, mientras que el gasto sugerido por
UNESCO es 6% del
PBI.
Las metas financieras del Plan Nacional de Educación habían sido la asignación
de USD 558 millones en 2006 y USD 613 millones en 2007, lo cual representa un déficit
acumulado de USD 134 millones en los primeros dos años.
Sistema de pensiones en peligro
El Sistema de Pensiones fue privatizado hace 10 años. El gobierno pasó a
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el dinero cotizado por las y
los trabajadores, asumiendo las jubilaciones de las personas trabajadoras que en
1996 eran mayores de 35 años y quedaron en el sistema antiguo de pensiones.
Seis años después de la privatización se implementó una reforma para atrasar
la jubilación. Una persona con 30 años o más de trabajo que anteriormente podía
jubilarse ahora necesita haber cumplido 55 años en el caso de las mujeres y 60
en el caso de los hombres.
En 2006, un estudio publicado por la Concertación por un Empleo Digno en la
Maquila (CEDEM) señala que el sistema de pensiones es deficiente en términos
de beneficios económicos y sociales e insostenible en términos fiscales. Entre
las deficiencias señaladas se encuentran: 1) la exclusión de las personas que
laboran en el sector informal y las empleadas domésticas; 2) la elevada deuda
previsional absorbida por el Estado al trasladar las reservas del sistema público
a las AFP – que aumentó el endeudamiento público a USD 8.235 millones en
junio de 2006; 3) aunque una persona deje de cotizar, la AFP continua cobrando
una comisión por administrar su cuenta, lo que afectará el monto de su pensión
al jubilarse.
Uno de los principales problemas del Sistema de Pensiones es la retención
indebida de cuotas por parte de los patronos, que no son pagadas al ISSS. En
2006, la Fiscalía General de la República reportó 748 casos de retención
indebida de cuotas laborales, siendo las maquilas la mayoría de empresas
infractoras. Un total de 54 maquilas adeudaban aproximadamente USD 940 millones
al ISSS, sin contar la mora de 10% sobre ese monto. Las empresas adeudaban un
promedio de USD 4,4 millones.
En 2007 el gobierno tiene que pagar a la población jubilada unos USD 345
millones, pero no cuenta con ese dinero y la deuda del Estado es tres veces
mayor que la recaudación impositiva. En junio de 2006 la deuda se calculaba en
USD 7.189 millones.
Para pagar las pensiones el gobierno creó un Fondo de Fideicomiso de Pensiones,
de manera que las AFP han autorizado al Banco Multisectorial de Inversiones
(BMI) a hacer uso del dinero de las personas que actualmente cotizan, para pagar
las pensiones de la población ya jubilada. El monto prestado para 2007 asciende
a USD 345 millones.
Considerando que el gobierno está altamente endeudado, es previsible que tendrá
problemas para pagar a las AFP, por lo que todo el sistema corre un mayor riesgo
y las pensiones futuras de la población afiliada se encuentran en peligro.
Criminalización de la protesta ciudadana
Combatir las causas de la pobreza, promover reformas sociales incluyentes
en materia de salud, educación y agua potable así como otras acciones
encaminadas a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la población
deben llevarse a cabo con una visión de nación y una participación amplia de
todos los sectores de la vida nacional, fundamentalmente de los sectores más
empobrecidos e históricamente excluidos. Sin embargo, esta participación también
se ha visto amenazada.
El 21 de septiembre de 2006 se aprobó la Ley Especial contra Actos de
Terrorismo, la cual afecta claramente el ejercicio ciudadano de los derechos de
libertad de expresión y organización y presenta características de
inconstitucionalidad. La Ley ha creado figuras penales ambiguas que se prestan a
arbitrariedades, tal como lo han manifestado organizaciones de derechos humanos
y la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que además
han alertado que, tal como está formulada, la Ley criminaliza la protesta
social.
De hecho, a julio de 2007, 14 personas, líderes de organizaciones sociales
detenidos mediante un uso desmedido de la fuerza, guardan prisión por haberse
manifestado pacíficamente contra la privatización del agua.
Referencias
CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2007). Informe “Hacia
el Objetivo del Milenio de Reducir la Pobreza en América Latina y el Caribe”.
Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social (2007). “Evaluación
sobre la gestión Saca a tres años de su gobierno”. Junio.
Ministerio de Hacienda (2007). Presupuesto General de la Nación.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) (2007). “Trayectorias hacia el
cumplimiento de los ODM en El Salvador”, Serie Cuadernos sobre
Desarrollo Humano, No. 6, San Salvador, Mayo
Notas:
De este gasto 1,7% corresponde al MSPAS, 1,7% al ISSS, 0,2% a Bienestar
Magisterial y 0,1% a Sanidad Militar; la diferencia corresponde al gasto
privado.
<www.isss.gob.sv/comunicaciones/comunicados/comunicadospdf/DIA%20VIH%2006.doc>
Dentro del conjunto de los glóbulos blancos, linfocitos que dirigen la defensa
del organismo.
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