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La seguridad social es imposible sin estabilidad
Coalición de Social Watch en Somalia
Los escasos mecanismos de protección social existentes durante los 21 años de gobierno socialista científico en Somalia aún no fueron restituidos desde que grupos rebeldes derrocaron al régimen en 1991. El país continúa luchando con la estabilidad y la guerra civil, lo que hace que la adopción de planes de seguridad social sea sumamente compleja. No obstante, dado que 43% de la población vive con menos de USD 1 por día esta laguna social será difícil de ignorar por mucho tiempo.
La República de Somalia se creó
el 1º de julio de 1960 cuando el anterior protectorado británico y la colonia
italiana de Somalia se unieron para conformar un estado unitario. Desde
entonces, la democracia pluripartidista floreció en el país.
Se celebraron dos elecciones pluripartidistas entre 1960 y 1969, período en el
cual dos presidentes y cuatro gabinetes sucesivos cumplieron su mandato. El 21
de octubre de 1969 un golpe de Estado militar derrocó al gobierno civil. Los
oficiales al frente del país llamaron a su organismo gobernante el “Consejo
Revolucionario Supremo”. Finalmente eligieron al socialismo científico como
el sistema de gobierno y derogaron la Constitución que había estado en vigor
desde el referéndum de 1961.
Por más de 20 años Somalia se convirtió en un estado unipartidario cuyos
gobernantes intentaron emular el tipo de socialismo que aplicaron la ex Unión
Soviética y los países de Europa Oriental. La idea principal era la de iniciar
un desarrollo rápido mediante estructuras y programas comunitarios.
Sin embargo, el socialismo científico elegido no trajo consigo la gestión
perfecta que había prometido y sólo llevó al gobierno a la militarización y
los continuos conflictos con sus vecinos. Esto fue especialmente real en el caso
de Etiopía y su guerra contra Somalia entre 1977 y 1978. Recursos que eran muy
necesarios para el bienestar social se desviaron para empoderar a los militares,
lo cual generó descontento público y la formación de grupos rebeldes en la década
de 1980.
Los grupos rebeldes que surgieron de los clanes y derrotaron al gobierno
socialista en enero de 1991 no se pusieron de acuerdo para compartir el poder.
En cambio, se combatieron entre sí y comenzaron una devastadora guerra civil
que provocó destrucción y anarquía, además de erosionar la precaria
seguridad social que ofrecía el Estado.
Sistema de pensiones inexistente
En 1960 la población del país se estimaba en 3,2 millones, de la cual los
pastores de las regiones semiáridas representaban 55%, otros habitantes rurales
27% y los habitantes urbanos 18%. Aproximadamente un tercio de la población
urbana trabajaba para el Estado (la principal fuente de empleos) por ese
entonces, a través de los planes de seguridad social. Las empresas privadas que
pertenecían a colonos europeos y asiáticos o eran gestionadas por ellos
contaban con políticas y prácticas razonables de desarrollo de los recursos
humanos, incluso con provisión de bonificaciones y planes de salud adecuados.
En la década de 1960 el gobierno civil aplicaba políticas fiscales severas que
no alentaban el pleno empleo. Sin embargo, cuando la junta militar tomó el
poder creó varios programas que exigían la contratación en masa de personal.
Cuando en 1972 se nacionalizaron empresas y entidades privadas, incluso las
granjas comerciales, las escuelas, los bancos y las empresas de importación y
exportación, el gobierno las utilizó como centros de empleo. Los gobernantes
militares también fomentaron la creación de grandes establecimientos agrícolas
en lo que por entonces se llamó el Programa Agrícola Intensivo.
Si bien el gobierno socialista fomentó el empleo en diversos sectores, entre
ellos el ejército, las pensiones sociales prácticamente no existían y sólo
algunos oficiales de alta jerarquía recibían algún tipo de pensión al
jubilarse. La impresión general era que los empleos de alto nivel dentro del
gobierno militar proporcionaban ingresos a numerosos hogares pero que no existían
políticas coherentes para garantizar la seguridad social o cumplir las normas y
compromisos internacionales, con la excepción quizás de un servicio de salud
para trabajadores a través de la entidad Cassa per Assicurazione Sociale della Somalia.
Privatización instantánea
Tras la caída del gobierno militar, técnicamente todas las instituciones
estatales y organismos paraestatales cesaron de funcionar. Los edificios fueron
saqueados y la mayor parte de la infraestructura fue destruida. Lo único que
quedó en funcionamiento fueron las empresas privadas. Esta nueva situación
hizo que la producción de bienes y la prestación de servicios quedaran
exclusivamente en manos privadas. Por consiguiente, a partir de enero de 1991
tuvo lugar un tipo espontáneo y fortuito de privatización de las empresas y
los servicios públicos.
A medida que el país comenzó a recuperarse de la pérdida del gobierno central
mediante mecanismos de compensación, las iniciativas privadas comenzaron a
responder ante la demanda del mercado. Se establecieron escuelas, centros de
enseñanza terciaria, clínicas, hospitales, suministros de electricidad y agua
y otros servicios, pero los consumidores deben pagar por estos servicios, que en
general tienen precios exorbitantes. Pocos pueden costear la matrícula escolar,
la atención médica y demás servicios sociales ante la ausencia de un gobierno
central que recaude los impuestos y las tasas y convierta los ingresos en
desarrollo comunitario y bienestar público.
Escasos servicios de salud pública
Salvo en algunas regiones, los servicios sanitarios son brindados por clínicas
y hospitales privados. Algunos incluso utilizan las antiguas propiedades públicas
que existían antes de la caída del gobierno a principios de 1991 (SODCA, s/f).
Las escasas instalaciones que ofrecen una apariencia de sistema de salud pública
pertenecían al antiguo gobierno y se rehabilitaron y funcionaron gracias a los
esfuerzos y la asistencia de organismos internacionales como el Comité
Internacional de la Cruz Roja, las Sociedades de la Media Luna Roja de algunos
países de Medio Oriente, Brigadas Médicas Internacionales y otras
instituciones. No obstante, la mayoría de estos servicios de salud funcionan
mediante costos compartidos lo cual exige a los pacientes el pago de las camas y
las medicinas a tarifas subsidiadas, aunque los alimentos suelen estar
incluidos. Los hospitales que trabajan con este método en Mogadiscio son, entre
otros, SOS, Madina, Keisaney y Benadir.
El seguro de desempleo tradicional
Somalia jamás ha tenido asistencia social, ni siquiera una cobertura
institucionalizada contra los efectos del desempleo. No ha sido ni una política
de Estado importante ni una iniciativa amplia. Por lo tanto, el sector público
nunca realizó pagos en moneda ni en especie. No obstante, los somalíes siempre
recurrieron a un medio tradicional de respaldo mutuo, en especial a través de
las asociaciones de los clanes. A los integrantes de los clanes que se
encuentran en la indigencia se les exime de aportar al sistema de contribuciones
del clan e incluso llegan a tener derecho a la asistencia a través de medios
colectivos.
Esta asistencia social basada en las aportaciones es básicamente voluntaria y
ayuda a los integrantes de la comunidad a sobrevivir juntos. Es por eso que las
consecuencias de la guerra civil se absorbieron con facilidad mediante la ayuda
procedente de los clanes. Esto se deriva de una cultura de siglos donde la gente
vivía del pastoreo nómada en una naturaleza relativamente hostil.
Juventud Revolucionaria Somalí
La maquinaria estatal del gobierno anterior en ocasiones creaba campamentos
especiales para los huérfanos. Los mismos sólo admitían a unas centenas de niños
y niñas mediante criterios de selección poco transparentes; formalmente eran
considerados niños que habían perdido a sus padres y carecían de tutores que
los cuidaran. El régimen militar creaba esos campamentos porque garantizaba la
generación de futuros revolucionarios. Por este motivo, a los niños de los
orfanatos se les llamaba la Juventud Revolucionaria Somalí, que presuntamente
tenía relación con el Partido Socialista Revolucionario Somalí, el único
partido en el poder.
Los jóvenes de ahora, especialmente los que viven en familias pobres, sufren
muchas amenazas. Las víctimas de violación, sobre todo en los campamentos para
personas desplazadas dentro del país, son comunes: 12% de la población adulta
y 6% de los niños y las niñas reconocen haber sufrido este tipo de violencia.
Los niños siguen participando de grupos de milicias. Cinco por ciento de todos
los niños informaron que ellos o sus hermanos habían portado armas o
pertenecido a la milicia. Entre tanto, 19% de los niños y niñas informaron que
ellos o sus hermanos trabajaron en la calle alguna vez, siendo el motivo
principal la pobreza. Estos niños y niñas tienen mucho menos posibilidades de
asistir a la escuela y suelen estar más expuestos al consumo de drogas en la
calle. No es de sorprender que la población infantil recurra a este tipo de
trabajo ya que 25% de la población total se considera carenciada (Banco
Mundial, 2006).
El acceso asegurado a la educación sigue siendo un problema. Aunque la
matriculación en la escuela primaria aumentó bastante entre 1999 y 2004, sigue
estando muy rezagada frente al resto del mundo. Con una matrícula de 19,9%,
Somalia es el único país que registra un valor inferior a 30%, según la
UNESCO.
Las niñas tienen un acceso limitado a la educación, ya que representan sólo
35% del alumnado. De los países africanos, sólo Níger tiene un porcentaje
inferior de niñas en las escuelas primarias. Algunos de los motivos de esta
baja asistencia, según los padres y los maestros, son la preferencia por educar
a los hijos varones en lugar de las niñas en los casos en que los recursos son
limitados, la necesidad de que las niñas ayuden con las tareas de la casa, la
inseguridad que padecen las niñas que se desplazan largas distancias para
llegar a la escuela, y la falta de baños separados para niñas y varones. Otros
motivos de la baja asistencia son el desplazamiento, el estilo de vida nómada
de muchas poblaciones, y la persistencia del conflicto bélico (Banco
Mundial, 2006).
Ambiente de trabajo sin regular
Incluso durante el régimen militar de las décadas de 1970 y 1980 no existían
leyes que protegieran con eficacia a las personas en su actividad comercial.
Esto se aplica especialmente a la economía informal porque los gobernantes
siempre vieron a todas las iniciativas que no estaban bajo su control como
ajenas a los principios socialistas. Leyes y otras normas laborales, como los
salarios básicos escalonados y otras prestaciones destinadas a ayudar a los
empleados públicos, no se extendieron al sector del comercio privado.
Asilo para los vecinos
Entre 1960 y 1990 los sucesivos gobiernos acogieron a inmigrantes y personas que
buscaban asilo procedentes de países vecinos. La mayoría venía de Etiopía y
Djibouti cuando esos territorios constituían un protectorado francés antes de
su independencia en 1977.
Se creó una Agencia Nacional de Refugiados para brindar atención a quienes huían
de las guerras y otros tipos de penuria en los países vecinos. La entidad por
lo general coordinaba las gestiones del Estado y los organismos internacionales
dispuestos a ayudar a los refugiados.
Aunque la mayoría de esos refugiados vivían en campamentos en las afueras de
los centros urbanos, a los solicitantes de asilo más creíbles se les ofrecía
alojamiento razonable y un medio de sustento. Entre otros, quienes recibieron
esa hospitalidad fueron el actual Primer Ministro de Etiopía, Atto Meles
Zenawi, y el ex presidente de Burundi Michael Bujumbura.
Las prestaciones sociales son sólo una promesa
En la actualidad 43% de la población vive por debajo de la línea
extrema de pobreza de USD 1 por día según la paridad de poder de compra, que equivale a SOS 18.000 al tipo
de cambio vigente (Banco Mundial, 2006). Tras 16 años de guerra civil resulta
difícil imaginar que el nuevo gobierno vaya a adoptar un programa que ayude a
las personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, los
dirigentes del Gobierno Federal de Transición siempre prometen elaborar un
programa político que apoye a los pobres, especialmente a través del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (GCAP, 2006).
La estabilidad es el primer paso hacia la seguridad social
Somalia se encuentra en una etapa sumamente crítica en la cual distintas
fuerzas luchan por el renacimiento del Estado perdido. Lamentablemente, el
conflicto sigue cobrando víctimas entre la población civil ya que las partes
en guerra recurren a las armas para resolver sus diferencias.
Parecería que la comunidad internacional está exhortando a los somalíes a
negociar y resolver sus diferencias por la vía pacífica. Sólo un país
estable puede transitar por la vía del desarrollo sostenible y la asistencia
social adecuada que incluya el derecho a los servicios de seguridad social, como
el régimen de pensiones, atención médica, atención infantil, atención de
maternidad, y la protección de los inmigrantes y los solicitantes de asilo.
Los activistas de la sociedad civil creen con firmeza que existen los recursos
suficientes pero que hacen falta buena gobernanza, tecnologías adecuadas y políticas
de desarrollo centradas en los seres humanos para superar la falta crónica de
servicios de seguridad social.
TABLA 1. Indicadores sociales y económicos fundamentales
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2002
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Esperanza de vida promedio (años)
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47*
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Población (millones)
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6,8
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Ingreso del hogar per cápita (USD)
|
226
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Pobreza extrema (%)
|
43,2
|
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Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos
vivos)
|
132*
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Mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos)
|
1.600*
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Población con acceso a un centro de salud (%)
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54,8
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Médicos (por cada 100.000 habitantes)
|
0,4*
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Alfabetización de adultos (%)
|
19,2
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Matriculación bruta en enseñanza primaria (%)
|
16,9
|
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Población con acceso a agua potable (%)
|
20,5
|
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Población con acceso a saneamiento (%)
|
49,8
|
|
Desempleo (%)
|
47,4
|
Fuente: PNUD y Banco Mundial (2001). Somalia Socio-Economic Survey; PNUD (2001). Somalia Human Development Report 2001.
* Datos para 2001
Referencias
Banco Mundial (2006). “Somalia: From Resilience Towards Recovery and
Development. A Country Economic Memorandum for Somalia” [en línea]. Informe No. 34356-SO. 11 enero. Disponible en: <siteresources.worldbank.org/INTSOMALIA/Resources/cem_01_06.pdf>.
GCAP (Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza) (2006). Comunicado de
prensa.
Naciones Unidas y Banco Mundial, Secretariado Coordinador. Sitio web del Somali Joint Needs Assessment: <www.somali-jna.org>.
Relief Web (2006). “Factbox: Tensions in the Horn of Africa” [en línea].
Disponible en:
<www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/TKAE-6WU7MP?OpenDocument>.
SOCDA (Somali Organization for Community Development Activities) (s/f). “Health Care
Welfare System”. The Monthly Watch,
Mogadishu, Vol. 2, Edición 20, p. 11.
Nota:
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