Sin seguridad humana no puede haber seguridad social

Ranee Hassarungsee
The Social Agenda Working Group

Resolver la escalada de violencia en las provincias del sur del país constituye el primer paso para abordar el tema de la seguridad social. Sin seguridad humana, la seguridad social siempre ocupará un segundo lugar. En el camino hacia una seguridad social para todos se hace necesaria una reconciliación entre los diferentes grupos culturales y religiosos, sin considerar la raza, la cultura, el género o la religión.

Las políticas del gobierno de Thaksin Shinawatra durante el período 2001-2006 contribuyeron al resurgimiento y a la escalada de violencia en el sur de Tailandia, en un contexto sensible en materia cultural, religiosa y racial. Si bien el gobierno de Thaksin fue derrocado por el golpe de Estado del 19 de septiembre de 2006, la mentalidad autoritaria continúa manteniéndose, especialmente entre la policía y los militares. Los sectores de la sociedad civil deben crear el espacio político necesario para proteger vidas y fomentar la justicia social.

Este informe describe la propagación del autoritarismo, que hace caso omiso de las normas y disposiciones internacionales y destruye la seguridad social a nivel nacional. Las respuestas violentas a los conflictos han llevado a clausurar el verdadero espacio político que podría mitigar la controversia. Un ejemplo al respecto es la violencia que tiene lugar en las tres provincias fronterizas del sur de Tailandia. Esta violencia estructural requiere de la acción participativa de la sociedad civil y de la población en general para lograr la seguridad humana tanto en estas provincias como en todo el país.


Democracia autoritaria

El creciente reconocimiento de una variedad de normas, tratados, compromisos, declaraciones internacionales y políticas globales constituye un nuevo fenómeno dentro de la comunidad internacional. Estos compromisos estándar en materia de derechos humanos, relaciones económicas internacionales y protección ambiental se hallan interrelacionados. Si bien tales acuerdos pueden contar con reconocimiento a nivel internacional, resulta difícil para un país convertirlos en disposiciones legalmente vinculantes.

Existen numerosos obstáculos políticos y económicos que impiden transformar a estos compromisos en leyes, y en consecuencia, dichas normas y compromisos internacionales han pasado a convertirse en “derecho blando” (Cassese, 2005). Además, en un mundo dominado por la creciente violencia que provocan la amenaza del terrorismo y la guerra contra el terrorismo, el gran potencial alguna vez atribuido a este “derecho blando” y otros tratados para convertirse en normas internacionales se ha visto enormemente disminuido (Satha-Anand, 2005).

El actual contexto de creciente violencia global ha dado lugar a una realidad política bien definida. Tanto las guerras como la violencia que enfrentan las sociedades democráticas a inicios del siglo XXI se diferencian por dos factores. En primer lugar, el terrorismo y la guerra contra el terrorismo socavan los fundamentos de una sociedad política, cuya noción de certeza se halla garantizada por el normal funcionamiento del Estado y la protección de las vidas de los ciudadanos. En segundo lugar, si no hay normalidad en una sociedad política, toda la sociedad pasa de ser una sociedad afligida y victimizada por tragedias violentas a ser una sociedad que anhela y está dispuesta a usar la violencia para aliviar su dolor (Satha-Anand, 2005). En este estado de miedo, las soluciones políticas pasan a un segundo plano y los derechos de los ciudadanos comunes son dejados de lado mientras los grupos de la sociedad civil quedan amordazados.

Las reacciones violentas por parte del Estado, el terror de los ciudadanos comunes y la continua vigilancia contribuyen a propagar el autoritarismo. Esto sucede incluso cuando el gobierno resulta electo por una mayoría de votantes, lo cual se conoce como gobierno democrático. La pérdida de seguridad humana puede llevar a que grupos de interés tanto internos como externos se aprovechen de la situación.


Violencia en la frontera meridional

La situación violenta en las provincias fronterizas del sur comenzó en 1948, calmándose con el tiempo y volviéndose a agitar en los últimos años. Se registraron 43 incidentes violentos entre noviembre de 2002 y abril de 2003. La mayoría de estos incidentes fueron emboscadas y tuvieron lugar principalmente en la provincia de Narathiwat. En 31 ocasiones la violencia tuvo como blanco a edificios y funcionarios del gobierno, con un saldo de 34 heridos y 30 muertos. Entre el mes de enero y el 15 de julio de 2002, se registraron 32 explosiones, extorsiones y asesinatos de funcionarios del gobierno, que cobraron la vida de 19 funcionarios policiales. En ese entonces la violencia fue más intensa que en 2001, al tiempo que la situación empeoró en 2003[1].

En esta región en 2004 se registraron 1.850 incidentes violentos mientras que en 2005 y 2006 tuvieron lugar 2.297 y 1.622 incidentes, respectivamente (sin incluir los incidentes ocurridos en diciembre). De estos tres años, el mayor número de incidentes ocurrió en 2005. El número de muertos y heridos a causa de la violencia en la región meridional fue mayor en 2006 que en 2004 y 2005. Aproximadamente, se registraron 1.699 muertos y heridos en 2006; 1.643 en 2005; y 1.438 en 2004.

Los datos indican que el público continúa encabezando la lista de blancos para estos incidentes violentos. Si se tiene en cuenta que el conflicto constituye una lucha política por la identidad de la región meridional, podría asumirse que los blancos naturales habrían de ser el gobierno y sus funcionarios, como una forma de resistencia simbólica frente a la autoridad. Por el contrario, los blancos en realidad son ciudadanos comunes tanto budistas como musulmanes, lo cual hace que la violencia se convierta en algo aterrorizante para ambas comunidades (Chitphiromsri, s/f).


Trabajar para la paz

El Social Agenda Working Group (SAWG) comenzó a supervisar los disturbios ocurridos en las provincias meridionales a comienzos de 2004 cooperando con la Fundación por la Paz y la Cultura en la organización de un Proyecto de Paz para los Niños Iraquíes y celebrando el foro “Conversaciones de paz entre gente común”.

Luego, en junio de 2004, SAWG participó en un grupo de estudio sobre la mitigación de la violencia. El grupo integrado por la Red de Mujeres por el Progreso y por la Paz, la Red Eco-cultural, la Red de Cooperación Inter-universitaria y la Secretaría del Grupo del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Chulalongkorn, discutió la situación y llegó a las siguientes conclusiones:

• La sociedad tiene problemas con la diversidad cultural y las ideologías diferentes. Es necesario comprender la complejidad de estos problemas. Las universidades e institutos educativos deberían desempeñar un papel activo en lo referente a promover el conocimiento y la comprensión de modo tal que la población pudiera quedar libre de la polarización entre budistas y musulmanes.

• La sociedad no comprende de forma adecuada a las tres provincias fronterizas del sur. Los escenarios sociales y culturales de estas provincias están cambiando drástica y violentamente. El meollo de estos problemas es que la sociedad no presta suficiente atención a los pobladores locales y a sus diferentes culturas y religiones. La sociedad tampoco logra diferenciar a las comunidades urbanas de las rurales ni apreciar la relación entre la mayoría musulmana en las áreas rurales y la población urbana. No puede advertir las relaciones y disputas internas entre las diferentes generaciones. Tampoco logra advertir cómo la estructura tradicional que apuntala a las comunidades musulmanas ha sido reemplazada por estructuras sociales externas y cómo la cultura y los recursos locales han sido invadidos por forasteros.


Enfoques sociales y culturales

Para mitigar los problemas y fomentar el bienestar pacífico en las tres provincias del sur, SAWG apunta a:

• Construir una relación horizontal entre las personas mediante actividades participativas con las comunidades locales de forma tal que “los ciudadanos puedan llegar a conocerse” más y volverse menos prejuiciosos con la esperanza de que esto pueda contribuir a una coexistencia pacífica.

• Proporcionar soluciones alternativas, permitiendo que la mayoría de la población participe y exprese sus más amplias, profundas y diversas perspectivas con la finalidad de buscar y aprender una nueva forma de pensar y comprender los intereses ideológicos de los individuos. No se encuentra disponible ninguna fórmula de éxito instantáneo para estos problemas complejos relacionados con la desconfianza y la búsqueda de la violencia.

• Debería otorgarse mayor espacio a los diferentes pensamientos, opiniones y presunciones con la finalidad de promover un aprendizaje social conjunto e instar al público a participar en el abordaje de los problemas de las tres provincias del sur de forma pacífica.


Familia, comunidad y seguridad humana

SAWG también organizó foros a nivel local para incluir las necesidades de las poblaciones locales en el futuro marco político de seguridad humana. A continuación se presenta parte del aprendizaje surgido de estos foros.

Al ser consultados, los pobladores locales dijeron que la seguridad humana comienza primero por la familia, en la forma de seguridad familiar, en una situación donde los padres y los hijos se cuidan mutuamente. Manifestaron haber intentado estrechar sus lazos familiares y ganar la confianza de sus hijos, invitando al Toh khru (maestro islámico) a decir la oración musulmana diaria en sus hogares y a contar historias del pasado a los niños para fortalecer su moral. Esta tradición cultural debería mantenerse y promoverse para ayudar a consolidar la seguridad de la familia y los parientes.

Se considera que la seguridad vital es lo mismo que la seguridad espiritual, lo cual es sostenido por el Islam y el sistema educativo pondok. La capacidad de conducir la vida de cada uno conforme a las enseñanzas islámicas y seguir devotamente la tradición musulmana de forma constante y apropiada contribuye a la seguridad espiritual del individuo así como a la unidad comunitaria.

Los pobladores locales señalaron que la seguridad vital depende de la seguridad basada en los recursos naturales, mediante la cual el mar, los pantanos de turba, los ríos, los arrozales, la selva y las montañas los abastecen de alimentos abundantes. La seguridad puede hacerse realidad cuando el manejo de los recursos se pone del lado de los ecosistemas locales y tiene en cuenta la cultura de los pobladores. El conflicto por los recursos entre el Estado y el sector privado por un lado y los pobladores locales por el otro constituye una amenaza para el estilo de vida local.

En lo que respecta a los disturbios en las tres provincias del sur, las y los pobladores locales indicaron que las autoridades, el gobierno y la prensa no eran dignos de confianza. Alegaron que funcionarios del gobierno habían colaborado en denuncias presentadas contra personas inocentes, lo cual provocó miedo e inseguridad entre la población.

De acuerdo con los pobladores locales, el gobierno sólo considera a la seguridad como el mantenimiento del orden y el uso de la fuerza militar para controlar la situación. Para estos pobladores, la seguridad humana también significa poder contar con alimentos adecuados y un descanso tranquilo por la noche, y que sus familias, parientes y comunidades locales también cuenten con lo mismo.


Informe sobre la reconciliación

La Comisión para la Reconciliación Nacional (CRN)[2], presentó su informe al gobierno en junio de 2006. El informe proponía que una solución a la violencia comenzaba por aceptar la existencia de la diversidad y las diferencias culturales en la sociedad. Además, sugería escuchar la voz de los grupos marginados o minoritarios.

Por consiguiente, en las provincias fronterizas del sur, la voz de los budistas es importante y debería ser tenida en cuenta por la comunidad local de mayoría musulmana. De forma similar, la mayoría budista en la sociedad debe prestar atención a la voz de los musulmanes malasios. Cuando el país entero escucha la voz de las minorías que sufren, tanto el Estado como el público en general pueden conjuntamente hallar formas de mitigar la violencia padecida por todos.

El enfoque de la CRN para abordar la violencia está orientado a la seguridad humana y a la no violencia. Esto implica esencialmente el uso de medidas políticas y de desarrollo pero no de represión. Un proceso de discusión interreligioso es importante para promover el mutuo entendimiento entre los adherentes religiosos. Esta propuesta de la CRN constituye un intento político de luchar contra el autoritarismo que emplea la violencia para solucionar problemas (CRN, 2006).

Una sola medida no resulta suficiente para mitigar la violencia estructural. En particular, la medida militar que utiliza la violencia para suprimir la violencia estará forzando a los ciudadanos comunes a tener que manejar una situación que no han creado. SAWG recomienda que la misión principal de los ciudadanos y de los sectores de la sociedad civil sea la de abrir un espacio político. Este espacio permitirá a la no violencia desempeñar un papel activo en la solución del conflicto en las tres provincias fronterizas del sur, lo cual redundará en el beneficio de todos los ciudadanos, ya sean budistas, musulmanes tailandeses o musulmanes malasios.


Referencias

Cassese, A. (2005). International Law. 2nd edition. Nueva York: Oxford University Press.

Chitphiromsri, s. (s/f). “Symbolic fight and the continuity of the identity politics in the fight for people’s support: summary of the violence in the southern border provinces over the past three years”. Documento preparado por el Watch Centre for the southern Situation Knowledge. Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Príncipe de Songkhla.

Matichon Daily (2002). “Sor Or Bor Tor Part 2: A new strategy to extinguish the southern fire”. 17 de julio.

CRN (Comisión de Reconciliación Nacional) (2006). Overcoming Violence Through the Power of Reconciliation Report. Junio.

Satha-Anand, C. (2002). “Understanding the success of terrorism”. Inter-Asia Cultural studies. Abril.

Satha-Anand, C. (2005). Authoritarian Democracy. Consequences of the violence in Thailand’s southern border provinces: knowledge and conflict resolution, the case of southern border crisis. Bangkok: Escuela de Artes Liberales, Universidad de Walailak.


Notas:

[1] Contacto personal con las autoridades y en base a un artículo del Matichon Daily (2002).
[2] La CRN fue una comisión establecida por el gobierno de Thaksin en marzo de 2005 con el propósito de encontrar una solución a los problemas de las tres provincias fronterizas del sur. Luego de haber entregado su informe al gobierno, la CRN puso fin a su actividad en junio de 2006.